
La prensa se está haciendo eco de las diferentes reacciones suscitadas tras el Auto del Tribunal Superior de Justicia, en el que da dos meses a la Generalitat para que el castellano sea lengua vehicular.
Me alegra que se dicte un Auto en este sentido y considero que la Generalitat está obligada a cumplir las sentencias dictaminadas al respecto.
No hemos de defender a las lenguas, sino a las personas que las hablan libremente para comunicarse, no utilizándolas para excluir o separar.
En este caso, los padres han de tener el derecho de elegir un modelo educativo para sus hijos, acorde con lo que ellos consideran más justo e igualitario.
Pero no hemos de caer en la simplificación de la vida política catalana a la que algunos quieren llevarnos, para no tener que abordar así los debates de calado que realmente necesitamos tener para poder atender a los verdaderos problemas de los ciudadanos.
Son 46 los Centros de Asistencia Primaria que no abren sus urgencias durante la noche, se están cerrando servicios y despidiendo parte del personal sanitario, se están haciendo recortes también relacionados con la educación y en servicios sociales.
En Cataluña se está destruyendo empleo, por encima de cualquier otra comunidad, acumulando un total de 584.648 parados.
Cataluña es la comunidad que más adeuda a trabajadores autónomos (2.750 millones), que a su vez están adelantando importes de IVA de facturas no cobradas, que financian a las administraciones públicas.
Los abogados del turno de oficio no están cobrando las retribuciones generadas por los servicios que están prestando y que garantizan el derecho obtener asistencia jurídica gratuita a todos aquellos ciudadanos que no pueden permitirse el pagarla.
Podríamos seguir enumerando los efectos generados por la actual crisis económica y política, en la que nos encontramos.
Hemos de exigir a la clase política catalana, un verdadero ejercicio de responsabilidad política y pedirles que dejen de marear la perdiz del victimismo provinciano, para ponerse manos a la obra.
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