Después de hacerse pública ´´la sentencia´´, alcaldes del Baix Llobregat celebraron un acto unitario en Sant Boi de Llobregat, en el que firmaron una declaración contraria a esta.
Aludiendo a su compromiso con el país, reclaman que se respete el Estatuto que fue votado por el pueblo y declaran moralmente deslegitimado al actual Tribunal Constitucional.
Definen el Estatut como una herramienta de gobierno que responde a la norma constitucional y que esta destinada a favorecer el desarrollo del país.
Los firmantes piden ´´una respuesta democrática, lo más unitaria posible y coherente con los valores que nos han mantenido vivos como país a lo largo de la historia´´.
La respuesta unitaria la pudimos ver en forma de una manifestación el pasado 10 de julio, que no representaba a todos los catalanes.
Ahora muchos ayuntamientos se declaran ´´moralmente excluidos de la Constitución´´ y se preparan para hacer del día de la Diada una jornada de reafirmación nacional, para la que se organizan marchas de antorchas que recuerdan escenas que provocan pavor.
Este delirio nacionalista aparta a nuestros representantes locales de sus verdaderas funciones, esas funciones ligadas a su misión de servicio público.
Como ciudadanos tendremos que recordarles que ellos son los primeros que deberían tener claro que las leyes se cumplen y se hacen cumplir, respetando siempre a los órganos que las han dictado.
Queremos menos marchas de antorchas y más control de los presupuestos municipales que administran.
Preferimos menos manifestaciones y más transparencia en su función pública.
Necesitamos hacer llegar a los ayuntamientos una verdadera regeneración democrática que se traduzca en mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, a cuyo servicio han de estar las instituciones públicas.
Calidad de vida basada en la mejora de los transportes, guarderías o parques, pero también basada en la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.
Aludiendo a su compromiso con el país, reclaman que se respete el Estatuto que fue votado por el pueblo y declaran moralmente deslegitimado al actual Tribunal Constitucional.
Definen el Estatut como una herramienta de gobierno que responde a la norma constitucional y que esta destinada a favorecer el desarrollo del país.
Los firmantes piden ´´una respuesta democrática, lo más unitaria posible y coherente con los valores que nos han mantenido vivos como país a lo largo de la historia´´.
La respuesta unitaria la pudimos ver en forma de una manifestación el pasado 10 de julio, que no representaba a todos los catalanes.
Ahora muchos ayuntamientos se declaran ´´moralmente excluidos de la Constitución´´ y se preparan para hacer del día de la Diada una jornada de reafirmación nacional, para la que se organizan marchas de antorchas que recuerdan escenas que provocan pavor.
Este delirio nacionalista aparta a nuestros representantes locales de sus verdaderas funciones, esas funciones ligadas a su misión de servicio público.
Como ciudadanos tendremos que recordarles que ellos son los primeros que deberían tener claro que las leyes se cumplen y se hacen cumplir, respetando siempre a los órganos que las han dictado.
Queremos menos marchas de antorchas y más control de los presupuestos municipales que administran.
Preferimos menos manifestaciones y más transparencia en su función pública.
Necesitamos hacer llegar a los ayuntamientos una verdadera regeneración democrática que se traduzca en mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, a cuyo servicio han de estar las instituciones públicas.
Calidad de vida basada en la mejora de los transportes, guarderías o parques, pero también basada en la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos.
Javier Díaz
