Cuando se percibe claramente que la justicia no actúa de forma independiente, sino que lo hace al dictado de unos determinados posicionamientos políticos, podemos asegurar que no existen garantías de una verdadera Igualdad y Seguridad Jurídica.Desde una óptica progresista y liberal, no puede entenderse un Estado sin una justicia que garantice la igualdad de todos los ciudadanos.
Los tribunales deberían administrar justicia de una forma imparcial e interpretar las leyes de una forma libre de ataduras políticas. No puede utilizarse la justicia para mantener o defender los privilegios de unos ciudadanos frente a otros.
La separación de poderes debería ser una garantía para que los ciudadanos puedan evitar de sus gobernantes, comportamientos despóticos dignos de tiempos oscuros.
Este es el caso de la forma de actuar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la hora de dictar sentencias con un claro seguidismo político, encaminado a defender los postulados nacionalistas, ahora capitaneados por CIU y que tienen al catalán como única lengua vehicular en las escuelas catalanas.
Que se interpreten las leyes de una u otra forma o sencillamente no se cumplan, es lo que nos hace llegar a decir que en Cataluña sufrimos de una total indefensión jurídica.
No es de extrañar el comportamiento de los que ostentan el poder en las instituciones y lo utilizan para seguir su hoja de ruta secesionista. Todos los partidos políticos de índole nacionalista y los que se comportan como tales son cómplices de las ofensas que sufre nuestra democracia.
¿Pero podemos culpar a los nacionalistas de ejercer de si mismos? Siendo ellos consecuentes con sus actos, son otros los que por omisión o simple complicidad complaciente, les permiten condicionar la política.
Pongamos la mirada el los gobiernos de turno, en Génova o Ferraz, a la hora de buscar a los cómplices necesarios.
Javier Díaz Alcaucer
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