Más de 2.500 toneladas de residuos se almacenan en unos terrenos de Santa Coloma de Cervelló, con grave peligro para el medio ambiente y las personas, fruto del abandono de éstos por parte de la empresa Massó i Carol.
Durante el 2007 la empresa se trasladó dejando abandonados los residuos, abriéndose así un cúmulo de expedientes sancionadores, multas y reclamaciones penales. Todo ello sin que se hayan resuelto los problemas que resultan del mal almacenaje de los residuos.
La Agencia de Protección de la Salud, ha emitido un informe en el que valora el riesgo que representa para la salud el estado en el que están depositados dichos residuos y el dictamen es demoledor. Dicho informe afirma que este almacenaje supone un grave riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, debido a la naturaleza peligrosa de los residuos, atendiendo a su naturaleza corrosiva.
Así mismo describe el almacenaje como precario e insuficiente, estando algunos contenedores rotos, situados al aire libre y sin medidas de seguridad preventivas para posibles vertidos.
Además han podido constatar que el suelo se haya afectado por la presencia de hidrocarburos y metales.
Todo ello en un recinto que no cuenta con vigilancia o cercado efectivo, siendo accesible para cualquier persona.
Se han inventariado detalladamente los diferentes compuestos almacenados y detallado sus posibles repercusiones sobre la salud y el medio ambiente.
Podemos encontrar azufre, fenol, amoniaco, formol, ácido acético, fósforo, naftalina, aluminio, óxido de zinc, magnesio, ácido bórico y otros compuestos dañinos para la salud de las personas.
En la sesión ordinaria de 7/3/2012 de la Comisión de Territorio y Sostenibilidad, se debatió una propuesta sobre la declaración de suelo contaminado de la finca ocupada por residuos de la empresa Massó i Carol, en Santa Coloma de Cervelló.
Tras escuchar detalladamente la intervención de los diferentes grupos políticos que participaron en la comisión, podemos afirmar que hay una clara falta de compromiso político a la hora de resolver el problema, además de estar incurriéndose en una falta grave de omisión del deber de proteger a los Ciudadanos y al Territorio.
Concretamente, gracias al voto en contra de CIU y a la abstención del PP, no pudo acordarse la retirada inmediata de los residuos.
No se han tomado las urgentes y necesarias medidas que la situación requiere:
- Cierre adecuado al recinto para impedir el paso de personas.
- Estudio del estado del suelo, para determinar su posible contaminación.
- Impedir el cambio del uso del suelo hasta tener los informes suficientes.
- Retirada urgente de los residuos y traslado a lugar conveniente.
- Estudio de las aguas subterráneas y calidad del aire.
Este es un claro caso de mala gestión del medio ambiente y el territorio, en el que seguramente Ayuntamiento, Consejo Comarcal, Diputación y Generalitat, tendrán algo que decir. Lo que nos hace reflexionar sobre la conveniencia de recoger las competencias sobre medio ambiente y gestión del territorio en la exclusividad del Estado, aunque delegando la gestión en las Comunidades Autónomas, atendiendo a una normativa de inequívoca interpretación.
Al fin y al cabo se trata de resolver los problemas de los ciudadanos y de asegurar que la gestión de lo público se hace de la forma más eficaz posible.
Javier Díaz
Durante el 2007 la empresa se trasladó dejando abandonados los residuos, abriéndose así un cúmulo de expedientes sancionadores, multas y reclamaciones penales. Todo ello sin que se hayan resuelto los problemas que resultan del mal almacenaje de los residuos.
La Agencia de Protección de la Salud, ha emitido un informe en el que valora el riesgo que representa para la salud el estado en el que están depositados dichos residuos y el dictamen es demoledor. Dicho informe afirma que este almacenaje supone un grave riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, debido a la naturaleza peligrosa de los residuos, atendiendo a su naturaleza corrosiva.
Así mismo describe el almacenaje como precario e insuficiente, estando algunos contenedores rotos, situados al aire libre y sin medidas de seguridad preventivas para posibles vertidos.
Además han podido constatar que el suelo se haya afectado por la presencia de hidrocarburos y metales.
Todo ello en un recinto que no cuenta con vigilancia o cercado efectivo, siendo accesible para cualquier persona.
Se han inventariado detalladamente los diferentes compuestos almacenados y detallado sus posibles repercusiones sobre la salud y el medio ambiente.
Podemos encontrar azufre, fenol, amoniaco, formol, ácido acético, fósforo, naftalina, aluminio, óxido de zinc, magnesio, ácido bórico y otros compuestos dañinos para la salud de las personas.
En la sesión ordinaria de 7/3/2012 de la Comisión de Territorio y Sostenibilidad, se debatió una propuesta sobre la declaración de suelo contaminado de la finca ocupada por residuos de la empresa Massó i Carol, en Santa Coloma de Cervelló.
Tras escuchar detalladamente la intervención de los diferentes grupos políticos que participaron en la comisión, podemos afirmar que hay una clara falta de compromiso político a la hora de resolver el problema, además de estar incurriéndose en una falta grave de omisión del deber de proteger a los Ciudadanos y al Territorio.
Concretamente, gracias al voto en contra de CIU y a la abstención del PP, no pudo acordarse la retirada inmediata de los residuos.
No se han tomado las urgentes y necesarias medidas que la situación requiere:
- Cierre adecuado al recinto para impedir el paso de personas.
- Estudio del estado del suelo, para determinar su posible contaminación.
- Impedir el cambio del uso del suelo hasta tener los informes suficientes.
- Retirada urgente de los residuos y traslado a lugar conveniente.
- Estudio de las aguas subterráneas y calidad del aire.
Este es un claro caso de mala gestión del medio ambiente y el territorio, en el que seguramente Ayuntamiento, Consejo Comarcal, Diputación y Generalitat, tendrán algo que decir. Lo que nos hace reflexionar sobre la conveniencia de recoger las competencias sobre medio ambiente y gestión del territorio en la exclusividad del Estado, aunque delegando la gestión en las Comunidades Autónomas, atendiendo a una normativa de inequívoca interpretación.
Al fin y al cabo se trata de resolver los problemas de los ciudadanos y de asegurar que la gestión de lo público se hace de la forma más eficaz posible.
Javier Díaz
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